PORQUE UNA MUJER DEBE SER SUPREMA

Por Lilian Garcés

Convocada por mi hija decidí que era hora de poner en papel lo que vengo pensando desde que el presidente Milei decidió postular, para integrar la Corte Suprema de Justicia Nacional en adelante CSJN, al juez Lijo y al Dr. García Mansilla.

Es porque me preocupa que una CSJN masculinizada de modo monopólico se aleja de representar a una sociedad tan diversa como la nuestra y se torna parcial en todos los aspectos más allá de las cuestiones de género específicamente.

La idea de una CSJN tan sesgada es motivo de preocupación para la sociedad en general. De por sí lo demuestra los múltiples proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación que propugnan una paridad de género en la CSJN. Por nombrar algunos, en el Senado en el 2016 se impulsó un proyecto, cuyo primer artículo proponía que la conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe respetar el principio de equidad de género, a cuyo efecto, el número de jueces de un sexo nunca podrá superar en más de uno a los jueces del otro sexo. Este proyecto sólo llegó a tratarse en dos comisiones hasta que en el año 2018 perdió estado legislativo. Así otro proyecto que ingresó, justamente este año el 26/03 en el Senado, va en este sentido ya que se trata de un Proyecto de ley sobre equilibrio de género en la Corte Suprema de Justicia y los tribunales federales colegiados de justicia de todo el país que promueve, en cuanto a la CSJN, que esté conformado por cinco (5) miembros con representación federal de distintas jurisdicciones e integración en un mínimo de 30% de mujeres.

Por su parte en la Cámara de Diputados el 22/05/2024, varios diputad@s ingresaron un proyecto de ley de cuyo sumario refiere: Paridad de género en la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que en su 1er artículo el proyecto prevé: “A fin de garantizar la paridad de género en la conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se establece que al menos la mitad de sus integrantes deberán ser mujeres.”

En estos proyectos presentados en el Congreso, más allá de citar múltiples Convenciones, Tratados Internacionales, Declaraciones, etc, se hace mención al decreto 222/03 normativa que específicamente establece el equilibrio de géneros en la composición de la CSJN. Así en el artículo 3, del referido decreto establece que al momento de la consideración de cada propuesta, se tenga en presente, en la medida de lo posible, la composición general de la CSJN para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género. Surge entonces palmariamente que la propuesta de postulantes a ocupar los cargos, elevada por el Ejecutivo, no cumplimenta lo que la norma exige.

Así vemos que la demanda de inclusión de mujeres en la CSJN, avalada por la ley como vimos, no es una concesión sino que es de estricta justicia. Así lo entendió el colectivo Mujeres por Mujeres que junto con el constitucionalista Andrés Gil Domínguez promovió un amparo en el que se solicitó la inconstitucionalidad de las postulaciones a la vez que reclamaba que el Ejecutivo eleve una nueva propuesta que garantice la diversidad de género. Este amparo fue rechazado por falta de legitimación. Por lo que, la Red Mujeres para la Justicia, una asociación de juezas y funcionarias judiciales de distintos fueros y tribunales del país, que trabajan por una justicia transformadora, comprometida con los DDHH y la igualdad, realizó otra presentación en la que se demandó la inconstitucionalidad de la propuesta del Gobierno “por violar a sus obligaciones convencionales, constitucionales y reglamentarias”. En este caso, fueron las afectadas directamente -las juezas-, a diferencia del amparo rechazado, quienes pidieron a la Justicia que ordene al Senado no comenzar con el análisis de estos pliegos hasta que el planteo sobre la inconstitucionalidad de los nombramientos se resuelva, ya que “avanzar en ese proceso sería convalidar un acto manifiestamente inconstitucional”. Esta acción cuenta con el respaldo de Amnistía Internacional Argentina, ELA–Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Aquí me detendré para hacer un poco de historia respecto de las mujeres y la CSJN. Es así que aquellas que llegaron a ser ministras de la Corte Suprema fueron 3 nomás: Margarita Argúas fue la primera mujer argentina en ocupar un cargo en la Corte Suprema entre 1970 y 1973, bajo el gobierno militar que encabezó Roberto Marcelo Levingston; Elena Highton de Nolasco (desde 2004) y Carmen Argibay (desde 2005) llegaron al máximo tribunal durante la gestión de Néstor Kirchner. En cambio, en sus 161 años de existencia a la CSJN la conformaron 108 miembros varones.

Entre esas tres mujeres están las juezas de la CSJN, Highton y Argibay que durante su paso por esa función generaron impactantes transformaciones de género en todo el país. La primera de ellas creó la Oficina de Violencia Doméstica y la segunda la de la Mujer, que fueron copiadas en casi todas las jurisdicciones provinciales. Gracias a la contribución de las juezas miembros de la CSJN se puede conocer el mapa de mujeres en la Justicia, tener un registro de femicidios, un registro de acciones de género en la magistratura y los ministerios de la defensa y público fiscal. Además de la jurisprudencia con mirada de género, Argibay y Highton influyeron en decisiones trascendentes como la prohibición de la probation en causas de violencia doméstica.

La Oficina de la Mujer, creada por Argibay, elabora el Mapa de Género de la Justicia Argentina, cuya versión de 2023 dio como resultado que las mujeres ocupan sólo el 31% de los cargos de magistrados y magistradas de la justicia nacional y federal y solo el 29% de las máximas autoridades del Poder Judicial (Ministras/os, Procuradoras/es Generales, Defensoras/es Generales), pese a que, en el sistema judicial argentino en su conjunto, el 57% del personal del poder judicial está conformado por mujeres.